El salvoconducto concedido por el Gobierno peruano a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para que pueda trasladarse a México, donde recibió asilo diplomático, ha provocado un intenso debate político en el Senado y la Cámara de Diputados.
La medida, adoptada por el Ejecutivo tras el otorgamiento del asilo por parte del Gobierno mexicano, fue recibida con posiciones opuestas entre los legisladores. Mientras un sector considera que el Perú estaba obligado a cumplir con los tratados internacionales sobre asilo diplomático, otro cuestiona que la exfuncionaria haya salido del país pese a su situación judicial.
En la Cámara de Diputados, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sostuvo que la entrega del salvoconducto se ajusta al derecho internacional y saludó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. No obstante, señaló que aún queda pendiente el debate sobre un eventual indulto para el expresidente Pedro Castillo.
En la misma línea, la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, afirmó que el Estado peruano tenía la obligación de otorgar el salvoconducto, al considerar que mantener la negativa implicaba incumplir los compromisos asumidos por el país en materia de asilo diplomático. Asimismo, precisó que esta decisión no supone un respaldo político al Gobierno.
Por el contrario, el diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, expresó su rechazo a la medida y pidió al Ejecutivo iniciar los mecanismos legales y diplomáticos para solicitar la extradición de Betssy Chávez ante las autoridades mexicanas. El parlamentario argumentó que la ex primera ministra cuenta con una sentencia por delitos contra el orden constitucional y consideró que no debe eludir la acción de la justicia peruana.
En el Senado también se registraron posturas divergentes. El senador de Fuerza Popular, Segundo Tapia, manifestó que el Perú ha demostrado respeto por los tratados internacionales al conceder el salvoconducto y consideró que esta decisión contribuirá a fortalecer las relaciones con México. Sobre un eventual indulto para Pedro Castillo, indicó que cualquier solicitud deberá evaluarse conforme a los procedimientos establecidos.
Por su parte, el senador Percy Osorio, de Juntos por el Perú, sostuvo que los Estados tienen la facultad soberana de conceder asilo político y destacó la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. No obstante, precisó que cualquier responsabilidad penal atribuida a Betssy Chávez deberá resolverse de acuerdo con la legislación peruana y las decisiones de las autoridades judiciales competentes.
El otorgamiento del salvoconducto pone fin a varios meses de controversia diplomática entre Perú y México respecto al asilo concedido a Betssy Chávez. Sin embargo, el caso continúa generando debate político sobre el equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos internacionales y la continuidad de los procesos judiciales seguidos contra la exfuncionaria en el país.
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