El Poder Judicial declaró “inejecutable” la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto el mandato de prisión preventiva por 24 meses impuesto al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dentro de la investigación preparatoria por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre los años 2008 y 2021.
La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien concluyó que actualmente persisten dos resoluciones judiciales vigentes que respaldan la prisión preventiva y las requisitorias policiales emitidas contra Cerrón, situación que, a su juicio, impide ejecutar materialmente el fallo del máximo intérprete de la Constitución.
Fundamentación del juez
En su resolución, el magistrado señaló que las decisiones judiciales que permanecen vigentes mantienen los efectos de la medida coercitiva, por lo que la sentencia del Tribunal Constitucional no puede aplicarse en las condiciones actuales.
“Subsisten o existen dos resoluciones judiciales vigentes que sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales (...) lo que hace evidente que la sentencia del máximo intérprete de nuestra Carta Magna sea materialmente inejecutable en sus propios términos”, indica la resolución judicial.
Contexto del fallo del Tribunal Constitucional
Días atrás, el Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón y anuló las resoluciones que rechazaban el pedido de variación de la prisión preventiva, al considerar que no se había realizado una adecuada evaluación de los cambios en las circunstancias del caso.
El TC ordenó que el órgano jurisdiccional competente emitiera un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios constitucionales sobre la naturaleza excepcional, proporcional y revisable de la prisión preventiva.
Investigación continúa
Vladimir Cerrón continúa siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos vinculado al supuesto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021.
La decisión del Poder Judicial abre un nuevo escenario jurídico respecto al alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional y su ejecución cuando existen otras resoluciones judiciales vigentes relacionadas con un mismo proceso. Hasta el momento, la defensa de Cerrón no ha informado si presentará nuevos recursos frente a esta decisión.
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