El Poder Judicial condenó a diez efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su participación en un operativo simulado que tenía como finalidad apropiarse ilegalmente de droga, armamento, municiones y dinero en efectivo en la región Puno.
La sentencia fue emitida tras culminar el juicio oral por los hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2023 en el sector Palmerani, distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, donde los policías, aprovechando sus funciones, organizaron una falsa intervención para apoderarse de bienes vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Fiscalía acreditó la simulación del operativo
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Juliaca, logró demostrar que los efectivos actuaron de manera concertada utilizando vehículos, armamento y distintivos oficiales para ejecutar una intervención ficticia.
Según la acusación fiscal, los agentes pretendían apropiarse de más de 12 kilos de pasta básica de cocaína, además de armas de fuego, municiones, aproximadamente US$60 000 en efectivo y otros bienes relacionados con la actividad ilícita, en lugar de ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
Penas de hasta 21 años de prisión
El órgano jurisdiccional impuso penas diferenciadas según el grado de participación de cada acusado.
Entre los sentenciados figura el entonces jefe de la Comisaría Rural de San Juan del Oro, quien recibió una condena de 17 años de prisión efectiva junto con otro implicado.
Otros cinco efectivos fueron condenados a 16 años y 10 meses de cárcel, mientras que tres policías recibieron la pena más alta: 21 años de prisión efectiva. Respecto de estos últimos, el Poder Judicial ordenó su inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario, ya que afrontaban el proceso en libertad.
Caso inició con prisión preventiva
La investigación comenzó en 2023, cuando la Fiscalía solicitó y obtuvo 18 meses de prisión preventiva para los diez policías investigados, al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción sobre su presunta participación en los hechos. Desde entonces se realizaron pericias, recopilación de pruebas y diligencias que finalmente permitieron sustentar la acusación y obtener la condena.
Lucha contra la corrupción policial
El fallo representa uno de los casos más relevantes de corrupción dentro de la Policía Nacional en los últimos años y reafirma el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para sancionar delitos cometidos por funcionarios públicos.
No obstante, la sentencia aún puede ser impugnada mediante los recursos previstos en la legislación procesal penal, por lo que no necesariamente constituye una decisión firme.
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