Magistrada de Puebla enfrenta críticas por comentario publicado en su cuenta de X sobre el caso del profesor Alberto Jasso

La magistrada Arely Reyes Terán, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, se encuentra en el centro de la polémica luego de publicar desde su cuenta personal en la red social X un comentario sobre el fallecimiento del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien murió por suicidio tras ser denunciado por una estudiante por un presunto abuso sexual. La investigación sobre esa denuncia continúa en curso y no existe una resolución judicial definitiva.

De acuerdo con capturas de pantalla difundidas en redes sociales y medios de comunicación, la magistrada respondió a una publicación sobre el caso escribiendo:

"Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes".

Diversos medios verificaron que el mensaje fue publicado en la cuenta de X de Arely Reyes Terán y que posteriormente la publicación fue eliminada o dejó de estar disponible en la plataforma, aunque las capturas continuaron circulando en redes sociales.

Debate sobre la presunción de inocencia

El comentario generó críticas de usuarios, abogados y especialistas, quienes señalaron que una autoridad judicial debe mantener prudencia al pronunciarse sobre casos que no cuentan con una resolución firme.

Entre los cuestionamientos figura que el mensaje podría interpretarse como un juicio anticipado sobre la responsabilidad del profesor, pese a que la investigación por la denuncia seguía abierta y no existía una sentencia que acreditara su culpabilidad.

Tras recibir críticas, la magistrada también respondió a otros usuarios desde la misma red social, manifestando que ella le creía a la denunciante y defendiendo su postura. Estas publicaciones también fueron ampliamente difundidas mediante capturas de pantalla.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla no había emitido un comunicado oficial sobre la controversia generada por las publicaciones atribuidas a la magistrada ni había informado sobre la apertura de algún procedimiento administrativo relacionado con el caso.

El episodio ha reavivado el debate en México sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el uso de las redes sociales, especialmente cuando sus opiniones pueden influir en la percepción pública de procesos judiciales aún no resueltos, así como sobre la necesidad de garantizar simultáneamente la protección de las presuntas víctimas y el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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