Una investigación publicada por Mongabay Latam puso nuevamente bajo la lupa el sistema de control de exportaciones de especies marinas protegidas en el Perú, al revelar que el representante legal de Inversiones Perú Flippers E.I.R.L. obtuvo nuevos permisos para exportar aletas de tiburón a Hong Kong, pese a encontrarse investigado por presuntos delitos de crimen organizado y tráfico ilegal de especies.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando un operativo de la Policía Nacional del Perú, con participación del Ministerio Público, permitió decomisar 9,38 toneladas de aletas secas de tiburón en un almacén del Callao. Las autoridades calificaron la intervención como una de las mayores incautaciones de este tipo en América Latina y estimaron que el cargamento tendría un valor cercano a US$11,2 millones en el mercado ilegal.
Más de nueve toneladas exportadas tras la incautación
De acuerdo con la investigación periodística, entre la incautación de noviembre de 2025 y junio de 2026, el Ministerio de la Producción (Produce) autorizó parcialmente seis permisos CITES a favor de Inversiones Perú Flippers para exportar 9.087 kilogramos de aletas secas con destino a Hong Kong.
Las exportaciones comprendían principalmente especies como el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), además de tiburón azul, tiburón martillo, tiburón zorro común y tiburón mantequero. Todas estas especies están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su comercio internacional solo puede realizarse bajo estrictos controles y permisos oficiales. Asimismo, varias de ellas figuran en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en categorías de amenaza.
Produce detectó irregularidades
La revisión de 48 resoluciones directorales emitidas por Produce entre enero de 2025 y junio de 2026 evidenció que, en varios expedientes, la autoridad pesquera encontró inconsistencias en la documentación presentada por la empresa.
Entre las observaciones figuran presuntas alteraciones en guías de remisión, documentos cuya autenticidad fue contrastada mediante los códigos QR de la SUNAT, así como deficiencias para acreditar la trazabilidad y el origen legal de parte de las aletas de tiburón.
En algunos casos, Produce declaró improcedente una parte de la solicitud de exportación al considerar que no existía evidencia suficiente sobre la procedencia legal del recurso hidrobiológico. Sin embargo, autorizó la exportación del volumen restante cuya documentación sí cumplía con los requisitos establecidos. Además, la entidad dispuso comunicar algunos hechos a la Procuraduría Pública, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuicultura, Sanipes y la SUNAT para las acciones correspondientes.
Sin procedimientos sancionadores registrados
Según la investigación, la Dirección de Sanciones de Produce informó que, hasta la fecha consultada por Mongabay Latam, no registraba procedimientos administrativos sancionadores contra Inversiones Perú Flippers ni contra su representante legal, pese a las irregularidades detectadas en distintos expedientes.
Especialistas en derecho ambiental consultados por el medio señalaron que, aunque una investigación penal no impide automáticamente que una empresa continúe operando, la autoridad puede aplicar mayores mecanismos de fiscalización y verificación para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre comercio de especies protegidas.
Investigación penal continúa
El representante legal de la empresa permanece bajo investigación por presuntos delitos relacionados con crimen organizado y tráfico ilegal de especies. Tras la intervención de 2025, la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado solicitó prisión preventiva; sin embargo, el Poder Judicial dispuso que afrontara el proceso con comparecencia con restricciones. La investigación fiscal continúa en trámite y no existe una sentencia firme sobre estos hechos.
El caso ha reavivado el debate sobre los controles aplicados a la exportación de especies marinas protegidas y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el marco de la Convención CITES.
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