El congresista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente José María Balcázar, a quien atribuye presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales. La denuncia también comprende a diversos exministros de Estado.
De acuerdo con el documento presentado, la denuncia se basa en dos principales ejes: la respuesta del Gobierno frente a la crisis de inseguridad ciudadana y el manejo del proceso de compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Cuestionamientos por la inseguridad ciudadana
Respecto al primer punto, Montalvo sostiene que durante la gestión de Balcázar se produjo un incremento de delitos como homicidios, extorsiones y secuestros, por lo que considera que existió una presunta omisión en el cumplimiento del deber del Estado de garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, el legislador cuestiona la implementación de políticas públicas y el cumplimiento de normas orientadas a combatir la criminalidad organizada, argumentando que la situación de inseguridad ha afectado a millones de ciudadanos y actividades económicas en el país.
Compra de los aviones F-16
El segundo eje de la denuncia está relacionado con el proceso de adquisición de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, una operación valorizada en aproximadamente US$ 3.500 millones.
Según el denunciante, Balcázar habría incurrido en presuntas irregularidades al firmar un decreto supremo que autorizaba la compra bajo la figura de secreto militar y, posteriormente, negar públicamente la existencia de los contratos. Este episodio generó una crisis política que derivó en la renuncia de los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.
Solicitan iniciar diligencias preliminares
El congresista pidió a la Fiscalía de la Nación que inicie de inmediato las diligencias preliminares, como la recopilación de documentos y la toma de declaraciones. Sin embargo, plantea que la formalización de una eventual investigación contra el presidente se realice una vez que concluya su mandato, debido a las restricciones previstas en el artículo 117 de la Constitución para un mandatario en funciones.
La denuncia también solicita que las investigaciones contra los exministros y demás funcionarios comprendidos en el expediente se desarrollen de manera inmediata, al no contar con la protección constitucional que ampara al jefe de Estado durante el ejercicio de sus funciones.
Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia de la República no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
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