La entrega de la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento, José Jerí, ha generado una fuerte controversia política luego de que el reconocimiento se realizara en una ceremonia reservada en el Palacio Legislativo, sin convocatoria pública ni transmisión oficial.
La condecoración fue aprobada previamente por el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso, presidido por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi. La propuesta fue sustentada en la condición de Jerí como presidente del Congreso durante el período legislativo 2025-2026, cargo que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, suele ser reconocido con la máxima distinción honorífica del Poder Legislativo.
Sin embargo, la decisión estuvo rodeada de cuestionamientos incluso antes de concretarse. Diversos sectores políticos y analistas consideraron inoportuno otorgar la distinción debido a los cuestionamientos que marcaron la breve gestión de José Jerí tanto al frente del Congreso como durante su paso por la Presidencia de la República por sucesión constitucional.
Las críticas aumentaron luego de conocerse que la ceremonia se realizó de manera reservada. Parlamentarios de distintas bancadas y usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de publicidad del acto protocolar y señalaron que una condecoración de esta naturaleza debería desarrollarse con total transparencia, considerando que se trata de la máxima distinción que entrega el Congreso.
Desde el Legislativo, la decisión fue defendida señalando que la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz forma parte de una práctica institucional aplicada a quienes ejercen la Presidencia del Congreso. La normativa vigente establece que el Consejo de la Medalla de Honor tiene la facultad de evaluar y aprobar estas distinciones, las cuales históricamente han sido otorgadas a expresidentes del Parlamento, jefes de Estado, diplomáticos y otras personalidades nacionales e internacionales.
No obstante, los cuestionamientos se centran en el contexto político. José Jerí asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la salida de Dina Boluarte y permaneció pocos meses en el cargo antes de dejar el poder en medio de investigaciones y una fuerte crisis política. Durante su gestión enfrentó críticas por presuntas reuniones no registradas con empresarios, designaciones de funcionarios y otros hechos que motivaron pedidos para su salida del cargo.
La controversia también alcanzó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien respaldó la propuesta argumentando que el reconocimiento responde a criterios institucionales y no constituye una evaluación política sobre la gestión del homenajeado. Según explicó, el Consejo de la Medalla de Honor se limita a aplicar las normas que regulan estas condecoraciones.
Pese a esta explicación, especialistas recordaron que el reglamento faculta al Consejo a evaluar cada caso y que la concesión de la Gran Cruz no es un trámite automático, por lo que consideran que el contexto y los antecedentes del homenajeado también deben formar parte del análisis.
La condecoración ha reabierto el debate sobre los criterios utilizados por el Congreso para otorgar sus máximas distinciones y sobre la necesidad de que estos procesos se desarrollen con mayor transparencia, especialmente cuando involucran a autoridades cuya gestión ha sido objeto de amplio debate público.
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