La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, enfrenta una preocupante crisis de violencia sexual. De acuerdo con información difundida por organizaciones indígenas y recogida por la Defensoría del Pueblo, más de 370 denuncias de violencia sexual se han registrado entre enero y julio de 2026, afectando principalmente a niñas y adolescentes de comunidades awajún y wampis.
La cifra fue dada a conocer por el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis (Comuawuy), cuya presidenta, Rosemary Pioc, advirtió que la violencia sexual continúa siendo una de las principales amenazas para la niñez y adolescencia en la provincia, además de alertar sobre casos vinculados a la trata de personas.
Defensoría pide acciones inmediatas
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la persistencia de estos casos y reiteró la necesidad de que las entidades del Estado adopten medidas urgentes para prevenir la violencia sexual y garantizar atención integral a las víctimas.
En pronunciamientos oficiales, la institución ha solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informar sobre los avances en la implementación de medidas de protección y fortalecer los servicios especializados en Condorcanqui, donde desde hace varios años se reportan altos índices de agresiones sexuales contra menores de edad.
Poder Judicial reafirma compromiso
Ante la gravedad de la situación, el Poder Judicial reafirmó este año su compromiso de sancionar con todo el rigor de la ley los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis.
La institución señaló que continuará impulsando acciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y reducir los niveles de impunidad en esta provincia amazónica.
Una problemática que persiste desde hace años
La violencia sexual en Condorcanqui no es un fenómeno reciente. La propia Defensoría del Pueblo informó anteriormente que, hasta junio de 2024, la Fiscalía Superior de Amazonas mantenía 528 investigaciones por agresiones sexuales, además de 256 procesos acumulados relacionados con presuntos abusos sexuales contra menores, muchos de ellos ocurridos en instituciones educativas. Estas cifras evidencian que la problemática persiste desde hace varios años y requiere una intervención sostenida del Estado.
Llamado a reforzar la protección
Organizaciones indígenas y entidades de defensa de derechos humanos han insistido en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en las comunidades más alejadas de Condorcanqui, mejorar el acceso a la educación, salud y justicia, así como fortalecer los mecanismos de prevención y atención a las víctimas.
Las autoridades continúan desarrollando acciones para enfrentar esta problemática, mientras diversas instituciones demandan una respuesta articulada que permita proteger a la niñez y adolescencia de esta provincia amazónica.
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