El excandidato presidencial Carlos Álvarez cuestionó la presencia de personas investigadas por presuntos delitos en el Congreso y pidió que se adopten sanciones contundentes cuando existan responsabilidades determinadas por las autoridades. Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre la seguridad ciudadana y después de su incorporación al equipo de trabajo de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.
Álvarez expresó su preocupación por la situación del Parlamento y cuestionó que personas con graves cuestionamientos puedan llegar a ocupar cargos de representación nacional. Durante una entrevista con Willax, sostuvo que lo que ocurre actualmente en el Congreso constituye una de las principales dificultades para el país y cuestionó la postulación de personas vinculadas a investigaciones o acusaciones por delitos graves.
En ese contexto, el también comediante planteó que deben existir consecuencias políticas y legales cuando un parlamentario incurra en conductas que ameriten una sanción. Como ejemplo, se refirió al caso del diputado Julián Pérez Mallqui y consideró que, de comprobarse los hechos atribuidos, debería ser desaforado y recibir el castigo correspondiente conforme a la ley.
Las declaraciones de Álvarez se producen luego de que López Aliaga lo incorporara al equipo encargado de desarrollar propuestas en materia de seguridad ciudadana e inteligencia de Renovación Popular. El excandidato explicó que su participación tiene un carácter técnico y que viene trabajando con un grupo integrado por oficiales y exoficiales de la Policía para plantear alternativas frente al avance de la criminalidad.
Entre las propuestas que ha presentado se encuentran la implementación de redes de alerta temprana con participación de juntas vecinales, serenazgo y Policía, el uso de drones para reforzar el patrullaje, unidades de flagrancia y programas de protección dirigidos a mujeres, niños, familias y adultos mayores.
Álvarez también ha defendido una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. La propuesta busca que las municipalidades, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial trabajen de manera articulada para mejorar la prevención, investigación y sanción de delitos como el sicariato y la extorsión.
La incorporación del excandidato se enmarca en el plan de seguridad presentado por Renovación Popular, que incluye medidas como el fortalecimiento del serenazgo y una mayor coordinación entre los servicios de seguridad de los distintos distritos de Lima. López Aliaga también ha planteado otras iniciativas controvertidas, entre ellas el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de establecer jueces y fiscales sin rostro para determinados procesos.
Álvarez sostuvo que su trabajo junto a López Aliaga está concentrado específicamente en la seguridad ciudadana y que se trata de una colaboración que busca enfrentar el crecimiento de la violencia y el crimen organizado. “Es una alianza contra el sicario y el asesino”, señaló al explicar el objetivo de su participación.
El debate sobre la presencia de investigados en el Congreso ocurre mientras el país enfrenta una creciente preocupación por delitos como la extorsión y el sicariato. Para Álvarez, la lucha contra estas organizaciones requiere no solo medidas policiales, sino también una respuesta coordinada de las instituciones del sistema de justicia y de los gobiernos locales.
Por ahora, las propuestas forman parte del plan político y técnico de Renovación Popular y deberán ser evaluadas en función de sus competencias legales, viabilidad presupuestal y eventual aprobación por las instituciones correspondientes.
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