La confirmación de Nayib Bukele como candidato presidencial de su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato consecutivo ha reabierto el debate sobre el futuro de la democracia en El Salvador. La decisión, que cuenta con el respaldo del oficialismo, ha sido celebrada por sus simpatizantes como una garantía de continuidad en las políticas de seguridad, pero también ha despertado cuestionamientos de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional.
Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de combatir la corrupción y recuperar el control del país frente al avance de las pandillas. Desde entonces, su administración ha implementado una de las estrategias de seguridad más severas de América Latina, basada en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha permitido la captura de decenas de miles de presuntos integrantes de estructuras criminales.
Los resultados en materia de seguridad son uno de los principales argumentos del oficialismo. El Salvador, que durante años figuró entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, registra actualmente cifras históricamente bajas, lo que ha fortalecido la imagen del mandatario y le ha permitido mantener niveles de aprobación superiores al 80 %, según diversas encuestas.
Sin embargo, el éxito en la lucha contra las pandillas no ha impedido que aumenten las críticas por la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
Las críticas al tercer mandato
La Constitución salvadoreña establecía históricamente límites a la reelección presidencial inmediata. No obstante, una interpretación emitida en 2021 por la Sala de lo Constitucional permitió que Bukele pudiera postular nuevamente, decisión que posteriormente fue acompañada por reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista.
Para organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y diversos relatores de Naciones Unidas, las reformas institucionales impulsadas durante los últimos años han debilitado la independencia del Poder Judicial y reducido los mecanismos de control sobre el Ejecutivo.
A ello se suman las críticas por el régimen de excepción, bajo el cual se han restringido algunas garantías constitucionales para facilitar la lucha contra las pandillas. Si bien el Gobierno sostiene que estas medidas han sido fundamentales para recuperar la seguridad, organismos internacionales denuncian detenciones arbitrarias, limitaciones al debido proceso y otras presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Desde el Gobierno salvadoreño rechazan esas acusaciones y sostienen que las críticas provienen de sectores que durante años toleraron el crecimiento del crimen organizado.
¿Por qué algunos lo llaman dictador?
En el debate político y mediático es frecuente que algunos sectores califiquen a Bukele como "dictador". Sin embargo, especialistas en ciencia política advierten que el término tiene implicancias jurídicas e históricas que requieren mayor precisión.
A diferencia de los regímenes dictatoriales tradicionales, en El Salvador continúan realizándose elecciones y existen partidos de oposición. No obstante, numerosos analistas consideran que el país atraviesa un proceso de erosión democrática o autoritarismo competitivo, caracterizado por una creciente concentración del poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y una menor independencia de los órganos encargados de fiscalizar al Gobierno.
Por ello, mientras algunos utilizan el término "dictador" como una calificación política, otros prefieren hablar de una deriva autoritaria dentro de un sistema que aún conserva mecanismos electorales.
La comparación con Alberto Fujimori
El caso de Bukele ha llevado a muchos analistas latinoamericanos a establecer paralelos con el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000.
Ambos llegaron al poder mediante elecciones democráticas en contextos de profunda crisis. Fujimori enfrentó el terrorismo de Sendero Luminoso y una severa crisis económica, mientras Bukele asumió el gobierno en medio del control territorial ejercido por las pandillas y altos índices de criminalidad.
Los dos construyeron buena parte de su legitimidad política sobre resultados concretos en materia de seguridad. En el Perú, la captura del líder terrorista Abimael Guzmán marcó un punto de inflexión durante el gobierno de Fujimori. En El Salvador, la reducción de homicidios y el debilitamiento de las pandillas se han convertido en el principal activo político de Bukele.
Sin embargo, también existen diferencias sustanciales.
El 5 de abril de 1992, Fujimori ejecutó un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y gobernó con apoyo de las Fuerzas Armadas, rompiendo de manera abierta el orden constitucional. Años después fue condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En el caso de Bukele, los cambios institucionales se han producido mediante decisiones judiciales, reformas constitucionales y el respaldo de una Asamblea Legislativa controlada por su partido. Sus críticos sostienen que ello representa una utilización de las instituciones para consolidar el poder presidencial, mientras que sus seguidores argumentan que todas las reformas han sido aprobadas conforme a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico salvadoreño.
Un modelo que divide a América Latina
El fenómeno Bukele continúa generando posiciones encontradas dentro y fuera de la región.
Para sus simpatizantes, representa un ejemplo de liderazgo fuerte capaz de resolver problemas históricos que otros gobiernos no pudieron enfrentar.
Para sus detractores, constituye un precedente preocupante sobre cómo un mandatario con amplio respaldo popular puede acumular poder hasta debilitar los controles propios de una democracia constitucional.
Con una tercera candidatura en marcha, el presidente salvadoreño vuelve a situarse en el centro del debate político latinoamericano, donde el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y preservar la independencia de las instituciones democráticas.
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